Construcción: solo queda la rehabilitación

El imparable declive que afecta a la construcción se retroalimenta no solo de la práctica desaparición de la obra pública, sino de la parálisis efectiva y continuada de la actividad en el subsector residencial, que tradicionalmente ha representado aproximadamente la mitad de la producción anual en construcción y cuya capacidad de crear empleo -y de destruirlo en épocas como la actual- es mayor y más rápida incluso que la de la obra pública. Solo en la rehabilitación, por las medidas para el fomento de la misma apuntadas por el Gobierno en los últimos días y por las exigencias comunitarias en materia de ahorro energético y reducción de la contaminación asociada, parece que pueda haber alguna oportunidad para este castigado sector durante el próximo año.

El parque de edificios de uso residencial y para oficinas forma parte de los llamados "sectores difusos" en la terminología ambiental y tiene una enorme incidencia en la emisión de gases de efecto invernadero, ya que es responsable del 20% de las emisiones totales producidas en España. Entre los objetivos europeos 20/20/20, referidos a la reducción de emisiones y a la regulación del comercio de emisiones de carbono, se incluye tanto la reducción de emisiones de estos GEI al menos en un 20 % en relación con los niveles de 1990, como el incremento sustancial del porcentaje de las fuentes de energía renovables en el consumo final de energía, hasta un 20 %, para mejorar en otro 20 % la eficiencia energética.

La edificación en España no solo está muy lejos de alcanzar estos objetivos y con ello, las exigencias europeas en este ámbito para los edificios y las ciudades, sino que más de la mitad de nuestros edificios -el 58%- se construyó con anterioridad a la primera normativa, aquella que introdujo en España en 1979 los primeros y limitados criterios mínimos de eficiencia energética en la ya lejana Norma Básica de la Edificación sobre Condiciones Térmicas en los Edificios. Por lo tanto disponen la mayoría aún de instalaciones energéticas muy ineficientes y contaminantes.

Objetivos condicionados

La consecución de estos objetivos sólo será posible si se logra alcanzar una sustancial reducción de las emisiones en nuestro parque residencial, por medio de la rehabilitación de los edificios ya existentes. La edificación es uno de los principales usuarios de energía del país, y el consumo doméstico supone el 65% de la misma, por lo que la rehabilitación en términos de eficiencia energética coadyuvaría de forma decidida a la reducción de los millones de toneladas de CO2 que emitimos cada año a la atmósfera, y que genera un gasto muy relevante por la necesidad de comprar en el mercado exterior, año tras año, un importante volumen de derechos de emisión. La rehabilitación del parque de edificios existente, dirigida a conseguir menores consumos y a cambiar combustibles fósiles por otros menos contaminantes sustituiría en parte, en actividad constructiva, a la que en muchos años no se volverá a generar en obra nueva de edificación.

Los problemas económicos y sociales existentes en torno al mercado del suelo y la vivienda en España siendo de muy diversa índole, en buena medida son anteriores a la actual crisis económico-financiera; la mayoría de ellos tienen, de hecho, un carácter estructural y no solo coyuntural aunque se hayan agravado por el cambio de ciclo económico, al tiempo que han contribuido también a agudizar la crisis. Como ya se reconoce en la Ley del Suelo estatal, la normativa urbanística vigente en España está configurada para propiciar el desarrollo urbano y no para permitir actuaciones de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. Pero en el corto y en el medio plazo va ser muy difícil que el sector inmobiliario contribuya al crecimiento de la economía española basándose principalmente, y con carácter general en todo el territorio, en la construcción de vivienda nueva.

Demanda de 45 años

Se infiere de los datos que proporciona el Sistema de Información Urbana y el Estudio de sectores residenciales en España 2011, elaborados por el Ministerio de Fomento, que con el suelo actualmente disponible se puede atender holgadamente los nuevos crecimientos urbanísticos para los que haya demanda en los próximos cuarenta y cinco años. Por lo que respecta a la vivienda, el stock de la ya construida, sin vender o vacía está tan sobredimensionado, que resulta fácil entender que, comparando los datos de vivienda libre iniciada en el año 2010, con los del año 2007, se construya hoy un 88% menos. Y en cuanto a los próximos dos años, baste recordar que en el primer semestre de este año los visados de obra para nueva edificación (cuya construcción llevará dos años de media) han llegado solo a poco menos de 30.000 unidades, nada menos que un 90% menos que en 2006.

La rehabilitación, sobre todo para adecuar los edificios existentes a las nuevas y muy restrictivas normas comunitarias de consumo de energía y reducción de la contaminación, debe verse alentada como sustituta, al menos en parte, de la actividad constructora perdida -y no recuperable en el medio plazo- en otros segmentos. Sin embargo, el fomento de la rehabilitación, renovación y regeneración urbanas, que podría permitir la reconversión y reactivación del sector de la construcción no está favorecida por la legislación urbanística y de suelo hoy vigentes. De hecho, la propia Ley de Suelo estatal, pese a pregonar la necesidad de utilizar preferentemente el suelo ya transformado, no sólo no establece mecanismos específicos que propicien la consecución de dicho objetivo, sino que impone reglas y cargas urbanísticas que, en muchos casos, el despegue de la rehabilitación en estos ámbitos hasta llegar a hacerla inviable.



Los visados para rehabilitación también están disminuyendo en proporciones importantes. En el primer semestre de este año lo hicieron en un 20% que el mismo periodo de 2011. Por lo tanto, para aumentarlos hay que establecer unas políticas que combinen las ayudas con las obligaciones. Las ayudas deberían ser proporcionales a los ahorros de todo tipo que proporcionaría la fuerte reducción del consumo de energía y de la contaminación actualmente asociada a ella. Las obligaciones deberían perseguir la necesidad de dar cumplimiento en los plazos establecidos a la normativa europea antes mencionada, por medio de inspecciones obligatorias sobre el grado de eficiencia en el consumo y las emisiones de los sistemas energéticos en uso en los edificios actualmente, y de plazos concretos para llevar a cabo las reformas a que ello debe conllevar.